¿Productos de exportación de países saqueados y empobrecidos o seres que debemos proteger?
Tres pequeños colombianos de 3, 4 y 9 años, sufren maltratos a manos de sus padres adoptivos de nacionalidad española; hay una evidencia fílmica y sin embargo los maltratadores están libres. Tampoco hubo denuncia por parte de las instituciones diplomáticas; tanto la diplomacia española como la colombiana han guardado silencio ante la evidencia en video de la agresión a un niño de 3 años (1).
Los tres niños fueron entregados por el gobierno colombiano a través del Instituto "Bienestar Familiar”, en Villavicencio, en noviembre 2010. Los padres adoptivos, María Cruz Martín y Francisco Javier Pintado, fueron filmados maltratando a los menores: una cámara de seguridad de un ascensor filma cómo el niño de 3 años recibe golpes por parte del padre adoptivo. A pesar de las pruebas en video, y los testimonios de los niños maltratados, para la justicia colombiana: "no existe prueba de maltrato".
Los niños colombianos ofertados: ¿son parte del botín a saquear?
Los niños de Colombia padecen toda clase de vejámenes: un destino que les garantiza el saqueo multinacional y el correlativo empobrecimiento de Colombia. Los niños son entregados tras someros trámites a familias adoptivas cuya idoneidad no parece ser evaluada lo suficientemente. La institución del gobierno encargada de entregar a los niños en adopción es “Bienestar Familiar” (2); esta institución facilita igualmente licencias privadas para tramitar adopciones (3). Así son ofertados los niños colombianos, cuando no sufren los embates directos del Terrorismo de Estado: como lo sufrieron los niños de 6,9 y 14 años, violados y asesinados por el ejército en Arauca (4), o como los miles de asesinados a manos del ejército para luego disfrazarlos de “guerrilleros caídos en combate”.
Hace poco se publicó el “Informe especial -Los niños y las niñas: otras víctimas de asesinatos por parte del Ejército colombiano”, este informe evidencia el carácter sistemático de las violaciones de DDHH contra los niños por parte del estado colombiano: estas ocurren dentro de una Estrategia Estatal del Terror, y gozan de impunidad (5). Los ‘falsos positivos’ son asesinatos de niños y jóvenes por parte del ejército colombiano, para después mediatizar sus cadáveres como “guerrilleros abatidos en combate”. La directiva 029 premia a los militares por cadáver presentado. El presidente Santos fue ministro de Defensa mientras estas prácticas aumentaron vertiginosamente; han sido reportados miles de casos. (6)
Anualmente, miles de niños colombianos son entregados en adopción; Colombia es uno de los países de mayor origen de niños adoptados en el mundo, y la proporción de niños colombianos adoptados relativa a la población de Colombia lo hace encabezar la lista de países emisores de niños para la adopción internacional. España denota un incremento en adopciones de niños colombianos. Los requisitos para la adopción en Colombia son mínimos. La integridad física y moral de los niños colombianos no está garantizada por las instituciones presupuestadas con dinero público para hacerlo. Este caso es uno entre miles de casos de maltratos y torturas infligidos a niños colombianos entregados a sus verdugos por el gobierno colombiano. La pareja adoptante maltratadora resulta amparada por la impunidad que reina en Colombia: así podrá continuar maltratando niños, y tal vez pueda adoptar niños en otro país para condenar a los pequeños a una vida de torturas.
La impunidad que ha conseguido esta pareja evidencia el carácter entreguista del gobierno colombiano: los maltratadores salen libres por una justicia que se ha burlado de los testimonios de los niños y de una prueba fílmica; la diplomacia colombiana no ha cobijado a los niños. La cancillería colombiana y la diplomacia española han cubierto el crimen por su silencio. El Consulado de España en Bogotá no se pronuncia sobre el maltrato a un niño por parte de su padre adoptivo español: “Oficialmente no nos vamos a pronunciar. Es un caso que está bajo la jurisdicción de las autoridades colombianas”(7)
La senadora Gilma Jiménez solicitó ante el Senado que “no dejen salir a los españoles implicados en la agresión, que la Embajada de España se pronuncie, que la Cancillería presente nota de protesta y que se investigue a la juez que los dejó en libertad”. Sin embargo reina la impunidad. Una impunidad que vulnera doblemente a la infancia colombiana, exculpando a maltratadores.
¿Cuantos niños colombianos adoptados por el mundo no sufrirán golpes, maltratos, violaciones?... Cada día las familias colombianas están más empobrecidas por causa del saqueo multinacional y las políticas privatizadoras de un estado que le entrega el país a las multinacionales y al gran latifundio... y por ende cada día habrá más niños entregados a la adopción...
Saqueo y empobrecimiento conllevan esclavitud y adopciones peligrosas
Sin duda las adopciones de niños son un tema en el que las vulneraciones graves a los derechos humanos proliferan: miles de niños de varios países empobrecidos del mundo, terminan en manos de violadores, de torturadores, de prostituidores, de maltratadores.
En el caso de Colombia es un instituto del gobierno quién regenta las adopciones, ese mismo gobierno que permite el saqueo de los recursos naturales, el envenenamiento de los ríos por la mega-minería, que auspicia privatizaciones y paramilitarismo, que impulsa una política de desplazamiento forzado de poblaciones mediante los bombardeos, las fumigaciones hambreadoras o las masacres de la herramienta Paramilitar y militar… Parece inaudito que el mismo Estado que genera las condiciones de empobrecimiento de Colombia, y su lógico corolario de niños huérfanos y abandonados, sea el encargado de gestionar la entrega de los niños en adopción… de “velar por su seguridad”… La privatización de la gestión de las adopciones tampoco es una solución, ya que la única solución al martirio de infancia colombiana y del mundo debe pasar por anteponer los derechos humanos a los derechos del “mercado”, debe pasar por profundas reformas estructurales que prohíban el saqueo descomunal de los recursos y el correlativo empobrecimiento de millones de personas.
Estas adopciones que desembocan en tortura o muerte de niños son situaciones provocadas por la articulación entre: Saqueo y empobrecimiento de los países-cantera y la impunidad de la que gozan los maltratadores.
Vemos como los países cuyas inmensas riquezas naturales son saqueadas, devienen verdaderas canteras de seres humanos vulnerables: se trate de jóvenes enrolados en ejércitos de ocupación como los miles de inmigrantes que acceden a regularizar su situación administrativa en Estados Unidos a cambio de integrar el ejército Estadounidense en Irak, o los miles de inmigrantes enrolados en el ejército español y enviados a Afganistán; o se trate de niños ofertados a la adopción; o se trate de mujeres en la prostitución (el 90% de las mujeres prostituídas en la UE son inmigrantes, entregadas a la esclavitud moderna por la combinación entre el saqueo, causante del empobrecimiento y su correlativo éxodo, y leyes de inmigración UE que lesionan sus derechos humanos y las convierten en esclavizables).
4,9 millones de personas desplazadas para ofertar tierras a multinacionales, se traducen en infancia martirizada.
CODHES informó en noviembre 2010 que Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de desplazados, con 4,9 millones de personas.(8) El desplazamiento forzado en Colombia obedece a una estrategia que busca vaciar extensos territorios de su población, con el fin de explotar los recursos de dichos territorios.
Millones de personas han sido despojadas de sus tierras por el accionar de la herramienta paramilitar en coordinación con el ejército; sus tierras hoy son explotadas por la minería multinacional, o por mega cultivos del agro industrial. Las masacres son usadas por el Estado para paralizar la reivindicación social, y para lograr el desplazamiento masivo de poblaciones: de esta forma ha desplazado a 4,9 millones de personas, que han abandonado más de 10 millones de hectáreas (9). Tras los bombardeos y las masacres, las tierras son entregadas vacías de habitantes a la codicia de las multinacionales y terratenientes, que son co-financiadores del Paramilitarismo.
La metodología del horror empleada por los desplazadores busca inyectar terror en los sobrevivientes y quebrar su arraigo a la tierra. Para implementar estas prácticas de terror (motosierras, violaciones colectivas) fue promovida y financiada la Herramienta paramilitar (10), quién actúa con la coordinación del ejército y la policía, y actúa hoy con renovados nombres, tras a un simulacro de “desmovilización” que fue orquestado por el gobierno de Uribe, para hacer bajar la presión internacional ante las denuncias de la barbarie paramilitar y la connivencia estatal. Hoy la Herramienta paramilitar continúa activa, y goza de un acrecentado margen de acción que le da el simulacro de la desmovilización: continúan las masacres, los asesinatos políticos, el robo de tierras y la herramienta del Terrorismo de Estado continúa beneficiándose de la financiación de multinacionales y latifundistas, además de regentar el narcotráfico junto con el ejército colombiano y sus instituciones aduaneras.
Los millones de desplazados malviven en los cinturones de miseria de las ciudades: son millones de seres humanos destinados a la indigencia, la prostitución, la esclavitud… entre ellos abundan los niños, muchos de los cuales han quedado huérfanos o terminarán abandonados por sus padres vencidos por la miseria. Mientras continúe viva la estrategia estatal y multinacional de desplazamiento forzado de poblaciones, continuará creciendo la infancia martirizada: librada a redes de prostitución, a adopciones peligrosas, a torturadores…
La infancia agredida por razones sistémicas
El sistema de acumulación de capital, basado en el saqueo de los recursos naturales y la explotación del ser humano tortura y asesina a los niños. Los priva de educación al convertir la educación en una mercancía, los priva de alimentación al convertir la alimentación en un negocio macabro, los priva de salud al convertir la medicina en otro negocio, los desplaza de los campos, los mata de hambre…
En Colombia mueren anualmente 20.000 niños por desnutrición (UNICEF). Colombia es uno de los países más ricos del mundo, y sin embargo su población es gravemente empobrecida por el saqueo intensivo que sufre: El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 11º país con más desigualdad social del mundo (coeficiente GINI), y es el país más desigual del continente americano. Hay 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres (11). De cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica (12). Correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional y declaró ganancias de 1.250 millones de dólares en el último bimestre de 2009. (13)
Paul Martin, representante de UNICEF, expuso de qué manera el cerebro de un niño se ve atrofiado por la desnutrición, y la gravedad de la situación de la infancia en Colombia: “12% de los niños de Colombia padecen desnutrición crónica (…) Van a sufrir física y mentalmente: nunca este 12% va a tener la oportunidad de contribuir con el 100% de su capacidad humana para el desarrollo del país (…) El 90% de la capacidad del ser humano se desarrolla en sus primeros 3 años; los niños que están desnutridos antes de la edad de 3 años nunca serán capaces de recuperar esta parte de su capacidad humana. En una radiografía del cerebro de un niño bien nutrido se puede ver que el cerebro es muy denso, con muchas interconexiones; y junto a él, el cerebro de un niño con desnutrición severa se ve delgado, con agujeros: esto es el daño físico causado por la desnutrición que no puede ser recuperado.”(14). Pese a este drama, las grandes fortunas han seguido incrementando su capital: gracias al despojo de millones de campesinos de sus tierras, gracias a la privatización de la salud y demás servicios, al cobro de intereses usureros, al encarecimiento de los productos de primera necesidad, al pago de salarios de miseria, al establecimiento de zonas francas, gracias a la utilización del erario público para la financiación de la banca y del gran latifundio (Agro Ingreso Seguro)(15).
Plutocracia genocida: de los hornos crematorios a la repartición de niños
Cabe cuestionarse si en un sistema tan excluyente y represivo, que antepone la libertad de capitalizar a los derechos humanos, se puede considerar la existencia de “democracia”. En el caso específico de Colombia, se evidencia una dictadura con una máscara democrática, cuyo accionar genocida se profundiza bajo el manto de la Apariencia: la Herramienta Paramilitar le permite a la dictadura camuflada perpetuarse con la propaganda de que el paramilitarismo es autónomo del Estado; siendo que existen multitud de pruebas, de documentos, de informes y de testimonios que evidencian que el paramilitarismo es una Estrategia estatal, preconizada además en manuales militares (16). La otra gran mascarada son las falsas elecciones: en un país en el que abundan la compra de votos, el fraude y el temible “voto con pistola”, no se puede, honestamente, considerar que exista democracia. El exterminio de miles de políticos por propugnar cambios estructurales, reforma agraria y justicia social, también reduce la “elección” a una pantomima: uno de los casos más dramáticos del exterminio físico es el del partido Unión Patriótica: 5000 militantes asesinados por el Terrorismo de Estado para impedir la posibilidad de un cambio(17).
Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo, el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia a manos de la herramienta paramilitar del Estado y multinacionales, o directamente a manos de la fuerza pública (18). El Estado colombiano persigue, encarcela y asesina a todo aquel que ose adelantar un pensamiento crítico; el régimen mantiene encarcelados a 7.500 presos políticos (19), son en su mayoría maestros, estudiantes, periodistas, sociólogos, líderes agrarios, muchos están encarcelados en condiciones de tortura (OMCT).
Sólo en los últimos 3 años se han registrado 38.255 desapariciones forzadas: La “democracia” genocida de Colombia ha superado, con creces, la escalofriante cantidad de desaparecidos por la dictadura Argentina (20). Se estiman en más de 200.000 los desaparecidos en los últimos 20 años… La desaparición forzada es un Crimen de Estado que acalla al desaparecido a la vez que inyecta terror en los sobrevivientes: persigue la parálisis de la reivindicación social.
La desaparición cumple además la funcionalidad “practica” para los estados represores de reducir las cifras de asesinatos. En Colombia varios jefes Paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos era enviada la orden que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas. Varios miembros de la Estrategia paramilitar han confesado que implementaron la utilización de criaderos de caimanes y de hornos crematorios en los que quemaban a las víctimas, a veces vivas: “(…) Lo echaron vivo ahí (…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”. Confesó un paramilitar (21).
En Colombia por asesinar a 4000 personas se pagan sólo 8 años de prisión… si se es parte de la Herramienta paramilitar
Finaliza el 2010 con otra demostración de lo que es “La Justicia” en Colombia: el Paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata alias “el Iguano”, jefe paramilitar del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, quién admitió al menos 4000 asesinatos, fue condenado a tan sólo 8 años de cárcel… (22) En Colombia, la Herramienta paramilitar financiada por multinacionales y oligarquía y que opera en contubernio con el ejército y policía, goza de leyes especiales: en virtud de la mal llamada “Ley de Justicia y Paz”, la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar son 8 años… El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y otras organizaciones sociales han denunciado que la Ley de Justicia y Paz es una suerte de premio de impunidad a la Herramienta Paramilitar, por favores hechos al gran capital. La ley fue impulsada por el ex presidente Uribe, quién figura en las listas del Pentágono cómo el narcotraficante número 82 más peligroso del mundo (23)… sin que los Estados Unidos, quienes siempre andan declarando que “luchan contra el narcotráfico” hayan sabido dónde encontrarlo.
Este es el mensaje que se envía desde el Estado a la sociedad colombiana: En Colombia, por 4000 asesinatos sólo se arriesgan 8 años de prisión, si usted es parte de la Estructura paramilitar. Por cada 500 personas que haya asesinado, El Iguano cumplirá 1 año de cárcel.
El Iguano fue hallado culpable, entre otros, de: tortura, homicidio agravado, desplazamientos forzados, terrorismo, tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, 28 masacres y los homicidios de los fiscales Carlos Arturo Pinto y María del Rosario Silva; el del candidato a la Gobernación de Norte de Santander Tirso Vélez y el del asesor de la Alcaldía de Cúcuta Alfredo Enrique Flórez, perpetrados entre 1999 y 2005. El paramilitar confesó haber utilizado un horno crematorio para hacer desaparecer a sus víctimas, y torturas como el descuartizamiento de personas vivas: sin embargo su condenada es ínfima. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de ocho años, es la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar, según el marco legal de los acuerdos firmados durante la pantomima del proceso dedesmovilización, que según organizaciones sociales de Colombia sirvió claramente para premiar a los asesinos con penas irrisorias, para legalizar el despojo, y para darle una capa de pintura al propio impulsor de la Herramienta paramilitar: el Estado colombiano. Hoy, bajo el gobierno de Santos, la Estrategia Paramilitar sigue activa: incrementando desapariciones y masacres.
¿Qué protección para la infancia se puede esperar por parte de un Estado que implementa una herramienta de Terrorismo de Estado como el paramilitarismo, y que le otorga Leyes Favorables a la Herramienta por despojar a la población de sus tierras?
¿Qué protección se puede esperar para la infancia en Colombia por parte de un Estado cuyo ejército es entrenado para inyectar terror y desplazar poblaciones, cuyo ejército asesina a niños para disfrazarlos de “guerrilleros abatidos en combate”?
¿Qué protección se puede esperar para la infancia en Colombia por parte de un Estado cuyos mandos militares, ante las reiteradas violaciones y asesinatos de niñas por parte del ejército, osan plantear que “fueron relaciones sexuales consentidas” (24)?
enuncian que niños colombianos son entregados tras someros trámites a familias adoptivas cuya idoneidad no parece ser suficientemente evaluada.
