Políticas petroleras en Ecuador y su momento actual
Hasta la década de los setenta, Ecuador desarrolló una actividad petrolera errática, exportando cantidades pequeñas de petróleo hasta los años setenta
[1]. En la medida en que el consumo nacional aumentaba de forma más rápida que su producción petrolera, la dependencia de la industria hacia el petróleo fue aparejada de la dependencia de Ecuador hacia otros países. En 1973, Ecuador cuantificaba sus reservas en torno al 4% de las reservas probadas de América Latina y producía aproximadamente el 6,5% del total de la región
[2].
Ecuador transformó su situación en la década de los setenta, cuando tras importantes descubrimientos desarrollados por el consorcio Texaco-Gulf Oil, el país se convierte en un productor neto de petróleo. En 1973, con un gobierno militar de perfil nacionalista, Ecuador se incorpora a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
[3] y nacionaliza en 1976 la filial de Gulf Oil que operaba en el país, convirtiendo a la Corporación Estatal de Petróleos del Ecuador (CEPE)
[4] en el accionista principal de Texaco Ecuador
[5]. Esa política nacionalista
[6] llega a su fin como consecuencia del crecimiento continuado de la deuda externa, y la consiguiente suspensión de pagos realizada en 1984
[7].
Foto: El Gobierno militar ecuatoriano nacionaliza Gulf. Fuente: www.kalipedia.com
En Ecuador, como en otros países de la región, se aplica la “tercera ola” de planes de ajustes estructurales
[8] que se desarrolló en la década de los noventa. La política petrolera aplicada en Ecuador, causa y consecuencia de la crisis de la deuda, generó mayor dependencia de las inversiones externas. Sin recursos financieros consecuencia del impacto de la deuda, el gobierno ecuatoriano no tiene apenas capacidad de accionar las políticas que le habían sido válidas hasta principios de la década de los ochenta, quedando el Estado sin un rol importante en las inversiones y en su participación sobre las ganancias petroleras. Así, el Estado ecuatoriano se ve obligado a flexibilizar sus condiciones para atraer nuevos capitales y estimular la exploración para detección de nuevas reservas (la esperanza de vida de las reservas probadas en 1994 era de 25 años), a través de
joint-ventures [9] y de la privatización de ciertas actividades que hasta entonces habían sido controladas por Petroecuador
[10]. Estas prácticas de orden neoliberal desarrolladas en las políticas de extracción de recursos naturales en Ecuador se vino a definir como “ajuste petrolero”
[11].
Gráfico: Mapa del Ecuador con ubicación de Bloques petroleros en la Amazonía (antiguas concesiones). Fuente: www4.ecua.net.ec/petroecuador/bloques_concesionados.htm
La inestabilidad política generada en el país a partir de las políticas neoliberales y el fenómeno de la globalización, se ve agudizada a partir del “salvataje bancario” de 1999
[12] y la dolarización realizada en el 2000. La emergencia de los nuevos movimientos sociales
[13]que se desarrolla en Ecuador en la década de los noventa; fundamentalmente en los entornos del mundo indígena
[14] y del movimiento ambientalista, surgen fruto del agotamiento y crisis de la forma de gobierno nacional populista y del fracaso del modelo de desarrollo aplicado bajo las directrices de las instituciones financiaras de Bretton Woods.
En el ámbito político, la toma de posesión del actual Presidente Rafael Correa a comienzos del 2007, genera una nueva fase de estabilidad política que con sus circunstancias propias se mantiene hasta la actualidad.
En materia de política petrolera, el primer cambio importante que se visualiza en Ecuador tiene lugar con el Reglamento sustitutivo de aplicación de la Ley 42 (2006) reformando la Ley de Hidrocarburos, firmado por el entonces presidente Alfredo Palacio. “
Este reglamento obliga a las empresas en contrato de participación para la exploración o la explotación petrolera a conceder al Estado al menos la mitad de las ganancias ´extraordinarias´ realizadas desde 2003, que provienen del saldo entre el precio de venta del petróleo ecuatoriano (promedio mensual ponderado FOB) y el precio vigente a la fecha de suscripción del contrato”
[15]. Ya en octubre de 2007, el Presidente Correa aumenta a 99% la participación del Estado en estas ganancias extraordinarias.
La política petrolera en el Gobierno de la Revolución Ciudadana se mantiene sujeta a contradicciones creadas por la presión de los conflictos sociales. Por un lado, se reafirma la campaña de “reactivación petrolera” puesta en marcha a inicios de siglo. Ecuador retorna a la OPEP y genera alto grado de confusionismo auspiciando “
perspectivas de nuevas rondas de licitaciones para la cuenca amazónica, en particular para explotar los campos ITT, ubicados en un área ecológica y socialmente sensible”, al tiempo que el gobierno anuncia su “
intención de declarar una moratoria sobre las actividades petrolera en esta área, en particular en las áreas protegidas, a cambio de una contribución financiera de la comunidad internacional”
[16].
Gráfico: Logotipo de la campaña Yasuní ITT para dejar en petroleo en tierra. Fuente: www.yasuni-itt.gob.ec
Fruto de estas fuertes presiones entre posiciones diametralmente opuestas, se da lugar una reunión del directorio de Petroecuador el 30 de marzo de 2007. Al día siguiente, el Ministerio de Energía y Minas, cuyo titular en aquel momento era Alberto Acosta
[17], emite un boletín de prensa donde indica: “
Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerará siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”.
Por su parte, el llamado Plan B, que significa la explotación de los campos ITT
[18], la cual se mantiene desde entonces como una “espada de Damocles” sobre el cuello de la Iniciativa Yasuní ITT, se divide en tres posibilidades diferentes en caso de aplicarse: “
una licitación entre empresas petroleras estatales, una licitación internacional abierta a todo tipo de empresas o que Petroecuador explotara el ITT directamente” [19].
Las continuas amenazas del Presidente Correa ante la comunidad internacional de explotar los campos del ITT si es que esta no se hace copartícipe de la iniciativa, sumado a que incluso se llegó a valorar públicamente que hubiese una pregunta de consulta popular sobre si la ciudadanía ecuatoriana estaría de acuerdo en su explotación, ha dado argumentos a los países industrializados para manifestar sus recelos ante las continuas contradicciones del mandatario ecuatoriano. En una situación de crisis económica internacional, el posicionamiento del Presidente Correa le ha venido a los países del Norte como “agua de mayo” para justificar sus injustificables posturas dando la espalda a la iniciativa de dejar en crudo en tierra en una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta.
El desenlace de la Iniciativa Yasuní ITT está pronta a resolverse, a la par que el gobierno ecuatoriano pretende este mismo año 2011 dotar de partida presupuestaria al proyecto de una mega refinería en la provincia de Manabí, la cual todos los expertos estiman sobredimensionada en su capacidad de producción, siempre y cuando no se exploten los yacimientos petroleros del ITT.
Antecedentes y situación del “Imperio” Repsol YPF, S.A.
Repsol es una sociedad anónima, fundada en 1987 y formada originalmente por la agrupación de una serie de compañías, que pertenecían al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH)
[20], con actividades en la exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas. También fabrica, distribuye y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado, a la par que vende gas natural.
En 1991, el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) ante la inminente desaparición del monopolio estatal de petróleos (CAMPSA
[21]), se fijó el objetivo de crear una empresa de capital mixto público – privado para la explotación de los activos petroleros del Estado.
Con la creación de Repsol en la segunda mitad de los años 80, CAMPSA pasó a incorporarse a la compañía Repsol como una simple marca comercial, al igual que ocurrió con la también absorbida Petronor
[22].
Apenas dos años más tarde de su creación, y por las exigencias antimonopolistas impuestas por la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), Repsol es privatizada. El proceso de privatización de la compañía comenzó en mayo de 1989 con la venta al entonces Banco Bilbao Vizcaya (hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –BBVA-, tras la privatización también del banco inmobiliario estatal Argentaria) de un paquete accionarial además de una OPV
[23], que entre ambas sumaron el 30% del capital social de entones. Dicho proceso de privatización finalizó en abril de 1997 con la venta por parte del Estado del último 10% de acciones que aún tenía en sus manos
[24].
Cuando en 1999 Repsol adquirió prácticamente la totalidad de las acciones de la petrolera estatal argentina YPF
[25], la sociedad pasó a llamarse Repsol YPF, S.A. constituyendo una empresa multinacional integrada de petróleo y gas natural, convirtiéndose en una de las mayores petroleras privadas del mundo, con operaciones en una treintena de países y unos 37.000 empleados de diferentes nacionalidades.
Foto: Edificio Repsol YPF. Fuente: www.fortunaweb.com.ar
La actividad empresarial de la compañía se divide en los siguientes apartados (datos Repsol 2003
[26]):
- Exploración y producción: la producción es de más de 1 millón de barriles diarios.
- Refinado y marketing: opera en nueve refinerías en activo con una capacidad de 1,2 millones de barriles al día y con una red de venta de 6.600 puntos en Europa y Latinoamérica.
- Química: su actividad se lleva a cabo en cinco complejos industriales en el Estado español y Argentina, siendo sus mercados más importantes Europa y los países del Mercosur.
- Gas y Electricidad: a través de sus filiales distribuye a más de nueve millones de clientes. Además participa en la producción de energía eléctrica.
En el primer semestre de 2010, Repsol ya obtenía un beneficio neto de 1.338 millones de euros, un 38% más que en el mismo período del año anterior. De igual manera, el resultado operativo alcanzó los 3.004 millones de euros para esta fecha, un 81,7% superior al registrado en el primer trimestre del año pasado. Destacando así, el crecimiento del resultado de explotación del área de Upstream (Explotación y Producción), un 124,9% superior al del primer semestre del 2009, apoyado en los incrementos de los precios internacionales del crudo y del gas y el aumento de su producción y mejora del mix.
Durante el primer trimestre de 2010, Repsol aumentó un 4,9% su producción de hidrocarburos con respecto al mismo período del año anterior, y mejoró, según indican los informes a sus inversionistas, la composición de su cesta de productos, aumentando el peso de sus líquidos.
El negocio del Downstream, con un notable incremento del margen integrado de refino y marketing, junto con la recuperación del negocio químico, han contribuido a la mejora de resultados de esta compañía transnacional.
A pesar de la crisis económica mundial, lo cual generó un entorno negativo en la economía planetaria durante el ejercicio 2009, Repsol realizó en ese año la campaña exploratoria más exitosa de su historia con un total de 15 descubrimientos de petróleo y gas. Tres de ellos –Abaré Oeste en Brasil, Buckskin en Estados Unidos y Perla 1X en Venezuela- se situaron entre los diez más importantes descubrimientos
offshore del mundo en 2009, siendo además Perla 1X el mayor descubrimiento de gas en la historia de la compañía.
Ya a finales del primer semestre del año pasado, Repsol YPF tenía planificado su plan de intervención para empezar en los próximos meses la exploración petrolera de la Cuenca Norte de Cuba, empleando una plataforma de aguas profundas de fabricación china. Según las estimaciones de la oficina de Estudios Geológicos del gobierno estadounidense, Cuba tiene reservas no descubiertas de más de 5.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad similar a las reservas comprobadas de países productores de petróleo como Ecuador o Colombia.
La ambición sin límites de Repsol YPF se plasma en la apertura constante de nuevos mercados, entre los que hay que significar su reciente entrada en Angola, uno de los países con mayor potencial en exploraciones de petróleo y con unas reservas estimadas de 30.000 millones de barriles. Repsol YPF se ha adjudicado tres bloques exploratorios en aguas de Angola, los bloques se encuentran en la cuenca de Kwanza, geológicamente comunicada con la de Santos en Brasil, y participa en ellos junto a otras petroleras como Sonangol, Eni y Conoco
[27].
Pendientes del cierre contable del 2010, la petrolera Repsol YPF abonó en el mes enero del presente año, un dividendo de 0,525 euros por acción a cuenta del ejercicio 2010 a sus accionistas.
Repsol YPF afianza su continuidad en Ecuador
Repsol opera el Bloque 16 desde 1999, año en el que asumió el 99% de las acciones de YPF. Mediante un acuerdo con la estatal Petroecuador, Repsol YPF opera además, en las áreas Bogi-Capirón y el Campo Tivacuno.
Gráfico: Parque Nacional Yasuni, Zona intangible y Bloques petroleros. Fuente: http://animalesextincion.es
El Bloque 16, está ubicado en la provincia amazónica de Orellana, y con Tivacuno y Bogi-Capirón suma una extensión de 220.000 hectáreas. En su interior se construyeron sofisticadas instalaciones requeridas para el procesamiento del petróleo extraído, condiciones que según la compañía, les ha permitido “un adecuado y técnico manejo de la actividad petrolera dentro de un área protegida”, el Parque Nacional Yasuní
[28].
El petróleo que se produce en el Bloque 16 y en Bogi-Capirón, es transportado hasta Lago Agrio a través de un oleoducto subterráneo de 120 kilómetros de longitud, el cual se supone que cuenta con los estándares de seguridad apropiados.
Otro aspecto tecnológico que se aplica en el Bloque 16, es el tratamiento de los lodos de perforación y la reinyección del agua de formación que se produce conjuntamente con el petróleo.
Según la compañía, “
la existencia de una sofisticada tecnología en geología, geofísica, exploración y producción de crudo pesado, hace que la operación del Bloque 16 sea un modelo de gestión con mínimo impacto ambiental y prácticamente sin emisiones ya que se realiza la combustión del gas para generar energía”
[29]. De hecho, la operación del Bloque 16 ha sido avalada por el Bureau Veritas
[30] de Londres con las certificaciones ISO 14001 (en el año 2004), se supone que por su “estricta protección del medio ambiente”, e ISO 9001 (en el año 2008), se supone que por “la excelencia en la gestión de sus operaciones”.
En Ecuador, Repsol participa a través de Duragas
[31], importante compañía internacional en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que opera en toda la geografía nacional
[32], con una cuota de mercado del 37,6% al cierre del 2009.
Durante los últimos años, ya durante el gobierno del Ec. Rafael Correa, la historia de desencuentros y reencuentros entre Repsol YPF y el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido, al menos de forma aparente, tortuosa.
En las negociaciones emprendidas desde el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador para un cambio en la modalidad de los contratos petroleros durante octubre de 2008, se llegó a anunciar la salida de Repsol YPF del Ecuador. El 30 de octubre de 2008, el entonces ministro Derlis Palacios, anunció durante una rueda de prensa ofrecida en Quito, que “
lastimosamente con Repsol no hemos podido llegar a un acuerdo“. El ministro Palacios aseguró que “
ellos (Repsol YPF) han cambiado constantemente de criterio y no nos han permitido llegar a una negociación (…) el Estado ecuatoriano ha tomado la decisión de terminar la relación laboral con Repsol“
[33]. De igual manera se manifestaba el Presidente Correa en su Enlace Ciudadano del 1 de noviembre de 2008, indicando que “
Repsol se va del país porque nos ha hecho perder el tiempo como ocho meses, además de que ha bajado la producción y las inversiones, y no ha aceptado renegociar el contrato“
[34]. Sin embargo, cinco días después, y tras la intermediación del gobierno español
[35] en nombre de su realeza y los intereses de sus transnacionales, una fuente de Repsol YPF anunciaba que se quedaban en el país, acordando con el Gobierno ecuatoriano la firma del “
contrato por un año transitorio y luego pasar al contrato de prestación de servicios“
[36].
Foto: Presidente ecuatoriano Rafael Correa se fotografía en el Palacio de Carondelet con Antonio Brufau, presidente de Repsol YPf tras alcanzar acuerdos para la continuidad de la empresa. Fuente: www.elpais.com En la primera quincena de marzo del 2009, Repsol YPF firmaba un nuevo acuerdo transitorio con la estatal Petroecuador como paso previo a la renegociación de su contrato, que en principio le permitiría continuar en el país hasta 2018.
Tras una larga negociación, el “contrato modificatorio” fue suscrito el 13 de marzo de 2009 entre el entonces presidente ejecutivo de Petroecuador, el contraalmirante Luis Jaramillo, y el gerente de Repsol YPF Ecuador S.A., Sergio Affronti, acompañado de una corte de directivos de las empresas asociadas a petrolera española.
El contrato se extiende a las áreas de explotación de Repsol YPF en la Amazonía ecuatoriana, concretamente el Bloque 16 y el campo de extracción compartida con Petroecuador, Bogi-Capirón, que en total suman una producción de más de 40.000 barriles diarios. Repsol YPF negoció un incremento de 17% a 36% de la participación del Estado en la producción del Bloque 16.
El contrato modificado de participación en la renta petrolera, con vigencia por un año, es un paso previo a la negociación de otro contrato de prestación de servicios, cambio exigido por el Gobierno ecuatoriano a todas las empresas privadas que operan en el país.
El convenio estableció que Repsol debe hacer nuevas inversiones, unos 315 millones de dólares en los próximos nueve años, para sostener la producción actual de la compañía y mejorarla en el futuro. De igual manera, Repsol YPF tuvo que asumir el compromiso de pagar aproximadamente 447 millones de dólares de deuda pendiente
[37] por la denominada Ley 42, la cual como ya se indicó con anterioridad, se estableció en el 2006 con la finalidad de que el Estado ecuatoriano recibiese la mitad de las ganancias adicionales obtenidas por las petroleras privadas, debido al elevado precio del petróleo en el mercado internacional.
Foto: Instalaciones del Bloque 16 Repsol YPF. Fuente: www.es.paperblog.com
El contrato supone que, “a mayor precio del petróleo, más alta es la participación del Estado”, lo cual supone mayores ingresos para el país. De igual manera, el contrato se rige sobre una norma que establece un reparto del 70% para el Estado y el 30% para la compañía, sobre los ingresos extraordinarios que obtenga Repsol por la venta del crudo ecuatoriano
[38].
El último episodio de esta “telenovela” ha tenido lugar el pasado 24 de enero, cuando Repsol YPF llegó a un acuerdo con el Gobierno ecuatoriano sobre el último contrato que aún no había renegociado, el cual ha sido alargado hasta 2018. La compañía aceptó una reducción de 1,75 dólares en la tarifa por barril que recibía por la producción del campo Tivacuno, pero a cambio logró la extensión de la concesión hasta el 2018. La transnacional española, en el marco de las negociaciones, aceptó invertir unos 23 millones de dólares en ese yacimiento, el cual produce 4.100 barriles de crudo por día. Wilson Pastor, actual ministro de Recursos Naturales no Renovables, ha manifestado en entrevistas recientes a los medios de comunicación, su sorpresa por las altas utilidades que estos pequeños yacimientos petroleros producen para las transnacionales que los explotan.
De esta manera, Repsol YPF ha conseguido asegurar la totalidad de sus explotaciones en el Ecuador como mínimo hasta el año 2018. Cobrará al Estado ecuatoriano, verdadero propietario del crudo que sustrae de su subsuelo 35,95 dólares por barril, de tal manera que sus utilidades, a pesar de haberse visto mermadas, siguen siendo de una envergadura sumamente importante.
Como todas las demás compañías extranjeras que operan en Ecuador, Repsol ha bajado notablemente la producción por falta de inversión a pesar de los compromisos adquiridos en este sentido. En 2005, Repsol YPF extrajo del subsuelo ecuatoriano 56.000 barriles por día, mientras que en la actualidad su producción está en 41.842 barriles por día con un costo por barril de 19 dólares
[39].
Conflictos, beneficios e impacto ambiental de Repsol YPF en Ecuador
Si según indican algunos especialistas, desde 1997 hasta el 2006 Repsol YPF S.A. habría extraído 146 millones de barriles del subsuelo ecuatoriano, de los cuales el Estado solo recibió un 17 % de ese crudo. Podríamos estimar entonces, que Repsol YPF habría conseguido sacar del subsuelo ecuatoriano durante ese período la nada despreciable cifra de 760 millones de dólares anuales
[40].
A esto hay que sumar, que la sobre producción de los campos petroleros por parte de las transnacionales, está dejando secos los yacimientos
[41]; o lo que equivale a dejarlos inundados de agua. Según se denuncian
[42], Repsol YPF produce 1 barril de petróleo por cada 12 de agua de formación. Es decir, que de 53.000 barriles de petróleo por día que extrae Repsol YPF, se produce casi un millón de barriles de agua tóxica, que en muchas ocasiones nadie sabe si se está reinyectando al subsuelo
[43], lo que tendría consecuencias para los acuíferos de donde se sirven las comunidades amazónicas para el consumo humano.
Por otro lado, Repsol YPF ha sido glosada por el Estado ecuatoriano en varias ocasiones, la más escandalosa fue cuando la petrolera no pagó el valor real de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE)
[44]. Repsol YPF pagó desde 1997 la tarifa de 1,02 por cada barril de petróleo que se transportaba por el SOTE, lo cual produjo un desequilibrio en contra del Estado en el contrato porque la compañía estaba obligada a pagar la tarifa de 1,5 en 1997 y 1,8 partir de 1998. Ante esta situación, analizada por la Contraloría General del Estado de Ecuador, se estableció que la multinacional española debía al Estado ecuatoriano 2,6 millones de barriles de petróleo que cuantificados al valor de 23 dólares el barril en agosto de 2001 en 60,6 millones de dólares. Afectadas por esta situación se hallaban entonces cuatro compañías
[45], de las cuales las otras tres atendieron sus pagos para el Estado ecuatoriano.
Foto: Sistema de Oleoductos Trans Ecuatoriano (SOTE). Fuente: www.sote.com.ecEl controlador del Estado en marzo de 2002, Dr. Alfredo Corral, estableció responsabilidades en seis ministros de Energía que manejaron estos contratos, pues permitieron que las compañías sigan pagando la tarifa de 1,02 dólares por barril en lugar de haber fijado la tarifa y aplicar las cláusulas contractuales que establecían cambios en el precio. La historia petrolera del Ecuador ha demostrado la capacidad por parte de las compañías extractivas transnacionales para plegar a sus intereses a los ministros y presidentes de turno. En este caso, los ex ministros de Energía implicados no sólo habían sido sometidos a los intereses de la compañía Repsol YPF durante sus mandatos, sino que algunos de ellos, como Raúl Baca, Patricio Rivadeneira y Teodoro Abdo llevaron a la Procuraduría y a la Contraloría General del Estado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la finalidad de dejar sin efecto la resolución. No será hasta el último trimestre del 2008, ya en la era Correa, cuando la transnacional petrolera española se siente a negociar la solución de esta controversia con Petroecuador, dentro del marco de continuidad de sus operaciones extractivas en Ecuador y utilizando tal deuda como un mecanismo chantajista más de negociación con el Estado.
Sin embargo, unos meses antes Repsol YPF se había sumado a otras cinco petroleras internacionales que presentaron oficialmente una demanda arbitral al CIADI
[46] por la Ley 42. A finales de septiembre del 2008, Repsol YPF retiraba tres demandas presentadas ante el CIADI contra el Estado ecuatoriano, tras una ardua negociación con el Ministerio de Minas y Petróleos, entonces dirigido por el actual embajador ecuatoriano en España, Galo Chiriboga. A pesar de estas negociaciones, donde Repsol YPF también logró eximirse de grandes deudas con el sistema fiscal ecuatoriano, mantuvo el litigio sobre la Ley 42 en el CIADI.
Curiosamente, en febrero del 2009, el Presidente Correa en uno de sus Enlaces Ciudadanos sabatinos, indicaba: “
Tuvimos una reunión de trabajo con Repsol para poner un ultimátum, no me gusta esta palabra, se trata de un hasta aquí, no más, a esa empresa, porque nos tiene con un arbitraje en el CIADI”. En ese mismo programa, el mandatario dijo que recibió cartas del mayor grupo de los indígenas Waorani pidiendo que el Gobierno llegue a acuerdos con la transnacional española con la finalidad de que salga Repsol de la zona, debido a que sí cumple con los compromisos con las comunidades.
En dicho comunicado, el grupo Nacionalidad Waorani del Ecuador señala que la terminación del acuerdo con Repsol YPF “
implicará que nuestras comunidades dejen de recibir servicios médicos, odontológicos (…) que los niños y jóvenes dejen de recibir clases en sus escuelas y colegios, así como desayunos escolares”, proporcionados por dicha empresa española.
Una vez más las soflamas y amenazas del Presidente Correa contra la transnacional Repsol YPF quedaron en nada y la compañía privada mantuvo la demanda en el CIADI contra el Ecuador por USD 417 millones por la Ley 42, la cual la empresa utilizó posteriormente como una herramienta de negociación con el Gobierno ecuatoriano.
Resulta curioso ver como la agresividad en el verbo del Presidente Correa, se diluye en la práctica ante las negociaciones emprendidas con la compañía transnacional española. Sus declaraciones haciendo referencia al interés de las comunidades indígenas de la Amazonía con respecto a la continuidad de Repsol YPF demuestran básicamente dos cosas: por un lado, la capacidad de incidencia y generación de dependencias por parte de la transnacional española con respecto a las comunidades locales sobre las que tiene afectación su actividad empresarial; y por otro, la incapacidad por parte del Gobierno ecuatoriano, cuyo gobierno se llama a sí mismo revolucionario e implementador del
Socialismo del Siglo XXI [47], por como asumir las funciones que al Estado realmente le corresponden con respecto a los pueblos y nacionalidades amazónicas, la cual, como en este caso, queda usurpada por las transnacionales extractivas, asumiendo estas competencias que no le corresponden (dotación de medicinas y educación al pueblo Waorani).
Otro elemento a reseñar en las negociaciones entre Estado ecuatoriano y transnacional es la escasa importancia dada a las responsabilidades de índole ambiental que la compañía española tiene sobre deterioro del hábitat amazónico y en otras regiones del país.
Últimos derrames de Repsol YPF en la Amazonía ecuatoriana
La transnacional Repsol YPF es responsable planetaria de emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la quema de gas y petróleo en su proceso de extracción, así como de los resultantes en el proceso de refino. Además de esto, Repsol ha sido responsable de múltiples vertidos y derrames de crudo tanto en los países del Sur como en Europa, habiendo provocado en los últimos seis años ocho vertidos de petróleo en el mar Mediterráneo
[48]. En América Latina, más allá del Ecuador, países como Argentina y Perú han sido víctimas de la actividad contaminante de esta compañía.
En Ecuador, ya durante el mandato del Presidente Rafael Correa, constan oficialmente tres episodios de estas características que la compañía española ha sabido solventar sin grandes problemas.
En febrero de 2008, salió a la luz pública un derrame en principio de 500 barriles de crudo y 2.000 barriles de agua de residuos usada para el transporte del petróleo por tuberías, que Repsol YPF había mantenido oculto.
Foto: Derrame de Repsol en la Amazonía. Fuente: www.publico.es
A pesar de los sistemas de calidad de los que la Repsol YPF dispone, desde el Ministerio de Minas y Petróleo se criticó el funcionamiento del sistema de control y obtención de datos de los flujos de crudo que la petrolera transporta por sus oleoductos, el mismo que debería alertar sobre cambios de presión en las tuberías ante eventuales fugas de petróleo.
El derrame ocurrió en un sector del campo petrolero “Amo I”, que forma parte del Bloque 16; y, se produjo por la rotura de una tubería secundaria, de medio metro de diámetro, instalada hacía ya más de once años.
El derrame se había producido diez días antes de que fuera notificado por la compañía al Estado ecuatoriano, y fue público por las denuncias de Orengo Tocari, presidente de la comunidad Waorani de Dícaro, ubicada a dos kilómetros del lugar del derrame. La comunidad de Dícaro se vio afectada en sus terrenos de cultivo.
A posteriori, la compañía española tuvo que reconocer que el derrame fue de 14.000 barriles y el área de afectación fue de 7,9 ha de bosque húmedo.
El 27 de febrero del 2009, apenas un año después del derrame sucedido en el Parque Natural Yasuní, otros 14.000 barriles de petróleo de la Repsol eran derramados en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador, se afectó gravemente la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y en las poblaciones de San Carlos y San Luís, cercanas al río Quijos. Notificados del derrame, los técnicos (ir)responsables de la Repsol YPF no cerraron a tiempo las válvulas del oleoducto, lo que significó un impacto más grande del que en
Nuevamente, el 23 de mayo de 2009, se tiene constancia de una nueva rotura de un oleoducto con tubería de 16 pulgadas que conecta con el OCP y el SOTE. Esta situación provocó un nuevo derrame de crudo en las inmediaciones del sector conocido como Aguarico 3 (río Aguarico), en el cantón Sushufindi, en la provincia de Sucumbíos, ya en la periferia del Bloque 16 gestionado por la compañía española Repsol. El derrame calculado por la compañía está en torno a 1.000 barriles de petróleo, afectando varias hectáreas de terreno selvático, un estero y un pantano.
Sin embargo, los pobladores amazónicos del entorno al Bloque 16 hablan de otras fugas y derrames ocasionados por la compañía pero de los cuales se carece de pruebas documentales.
Recientes reconocimientos y acciones sociales de Repsol en Ecuador
Resulta curioso y clarificador que tras este marco de conflictividad existente entre la petrolera española y el Estado ecuatoriano, en la actualidad asistamos a una relación propia del final de un “cuento de príncipes y princesas”.
El pasado 27 de enero, la petrolera Repsol YPF Ecuador fue partícipe, junto a otras 25 empresas, del “Primer Reconocimiento Empresarial a las Mejores Prácticas de Inserción Sociolaboral de personas con discapacidad”.
Al evento asistieron varios ejecutivos y autoridades de la transnacional española, quienes en una fastuosa ceremonia recibieron el mencionado reconocimiento en representación de la multinacional petrolera.
Foto: Silvia Balarezo, Coordinador de Apoyo a la Gestión de Personas y Organización , recibió el reconocimiento en representación de la empresa. Fuente: http://www.repsol.com/ec_es/Esta iniciativa fue desarrollada a nivel nacional por la Fundación General Ecuatoriana
[49] con el apoyo técnico de la Vicepresidencia de la República, donde se supone que identificando las mejores prácticas empresariales en materia de inserción sociolaboral de personas con discapacidad participaron medio centenar de empresas privadas.
No ha sido el único galardón recibido recientemente por la multinacional española. En menos de dos meses la transnacional extractiva Repsol YPF ha conseguido ser galardonada en dos importantes reconocimientos más por sus buenas prácticas de inserción sociolaboral de jóvenes y adultos. El pasado 7 de diciembre Repsol fue premiada también por el Gobierno Provincial de Pichincha en el 3er Reconocimiento a la Responsabilidad Corporativa, siendo reconocida con dos galardones dentro de la categoría “Multinacionales Grandes” con menciones de honor a las buenas prácticas de “Apoyo a la comunidad y voluntariado corporativo” e “Inclusión laboral de personas con discapacidad” en el marco del Reconocimiento Anual General Rumiñahui promovido por esta institución provincial.
En este acto, Gustavo Baroja, Prefecto de la Provincia de Pichincha, miembro de la dirección nacional del partido oficialista Alianza PAIS y del Buró Político del Gobierno Nacional, expresó que Repsol es una institución competitiva, ética y comprometida con la comunidad, y que desarrolla y cumple con sus compromisos laborales, tributarios y ambientales, convirtiéndose en la base real de una sociedad que prospera.
A través de su página web, Repsol manifiesta que “
la responsabilidad corporativa significa un crecimiento sostenible basado en la integración de los aspectos sociales y ambientales en su estrategia y modelo de gestión”. Y prosigue diciendo: “
La empresa entiende que, de esta manera, resulta posible compatibilizar la consecución de los objetivos de su negocio, la creación de valor en el largo plazo y el respeto del entorno en el que opera. Es un honor para Repsol YPF Ecuador poder contribuir a la creación de condiciones sociales, económicas y ambientales que incidan positivamente en la gente, en el entorno y comunidades donde opera y además, motivar a otras instituciones a adoptar prácticas efectivas de Responsabilidad Social Corporativa que generen un concreto aporte social, económico y ambiental en el país”
[50].
Siguiendo en esta línea de labor “encomiable” hacia la comunidad ecuatoriana, la Fundación Repsol también dio apoyo a la Fundación Alejandro Labaka
[51], para ejecución de un pequeño museo de Pompeya, donde se expone un recorrido contemporáneo, que incluye multimedia y material didáctico para ser utilizado en encuentros educativos con escuelas y colegios de la provincia amazónica de Orellana y con comunidades de la ribera del río Napo. Dicho Museo Etnográfico de Pompeya, ubicado en la isla de Pompeya se inauguró el pasado 25 de enero, y su instauración, “
permitirá un acercamiento hacia la ´Relación Ser Humano – Selva´ y a las culturas indígenas, además de ser este un espacio cultural único en la zona”
[52].
Según la página web de la Fundación Repsol, “e
l Museo Etnográfico de Pompeya permite promocionar la vivencia de esas culturas y ayudar a su comprensión más real (…). De esta forma se consigue el objetivo principal de su creación: fomentar el conocimiento intercultural y desarrollar nuevos espacios para la promoción, el respeto y el desarrollo de las diversas realidades culturales de los pueblos indígenas de la provincia de Orellana y conseguir la recuperación de la memoria histórica y promoción de las diferentes culturas indígenas de la zona (Waorani, Kichwa, Siona, Secoya, Shuar)” [53].
La Fundación Repsol YPF
Según define la propia transnacional, la Fundación Repsol tiene como misión y visión “
la búsqueda de la solidaridad, el progreso y el bienestar, marcan nuestra voluntad de conseguir un futuro mejor”, con el objetivo de “
impulsar un modelo de convivencia social responsable”
[54]. Según esta institución privada, “
Repsol ha mantenido siempre un firme compromiso con el desarrollo de la sociedad, especialmente allí donde está presente, y quiere que, a través de su Fundación, la responsabilidad social sea uno de sus principales ejes de acción”, entendiendo que “las personas son la fuerza motriz que impulsa” dicha Fundación.
La Fundación Repsol YPF Ecuador se fundó en el año 2001 como una entidad privada sin fines de lucro, creada para ampliar las acciones de Responsabilidad Social que Repsol YPF cumple en dicho país. Su alcance se extiende no solamente a los ámbitos locales de intervención de la empresa sino a otras provincias del Ecuador.
Las acciones desempeñadas por la Fundación Repsol se enmarcan en diversos ámbitos de desarrollo cuyos sectores de intervención generalmente están difundidos en el bienestar social, el desarrollo productivo y el manejo sustentable de recursos naturales; siendo sus objetivos: cumplir con una de las facetas de Responsabilidad Corporativa que corresponde a la empresa privada; ayudar a reducir las tensiones que podrían afectar la estabilidad del país; colaborar en la ejecución de un sostenido programa de desarrollo social en beneficio de las comunidades más pobres del Ecuador y, en especial, de las indígenas; contribuir con financiamiento y asistencia técnica para fortalecer propuestas de desarrollo que beneficien a los sectores más postergados de la población que procuren el adecuado manejo ambiental y la conservación de recursos naturales. Los proyectos que se realizan no tienen mayor impacto social y responden a intervenciones puntuales que no incorporan una visión sostenible a largo plazo; la Fundación es la cara tradicional del desempeño de la RSC llevada a cabo por la empresa.
Un ejemplo de Responsabilidad Social Corporativa de Repsol YPF
Si analizamos los flujos de cooperación en Ecuador entre 2008 y 2010 se evidencia una tendencia a la baja en los mismos, que obedece, entre otros factores, al impacto de la crisis mundial que empujó a algunos de los cooperantes a adoptar políticas de austeridad en relación a cooperación financiera no reembolsable y a una priorización de asignación de recursos financieros no reembolsables a países de renta media
[55]. Esta tendencia se contrapone con un aumento en los flujos provenientes de empresas privadas enmarcadas en el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que a pesar de no constituir una base formal de cooperación, dado que no consta como elemento constitutivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), si representa un flujo importante de capital que en repetidas ocasiones se ha convenido en llamar “cooperación” del sector privado. Sin duda asistimos a una fase de privatización de la cooperación por parte de los países industrializados hacia los países en vías de desarrollo.
La RSC es definida como un “ejercicio ético” por parte de las empresas que operan en los países del Sur, al mismo tiempo que una nueva línea de negocio o de estrategias de orden “social” que buscan rentabilizar aun más las líneas principales de sus negocios. Para las empresas transnacionales, la RSC es considerada como una parte de su planificación, pero a pesar de sus discursos no nos equivoquemos, la RSC no está pensada con fines filantrópicos sino como una estrategia de gestión empresarial. Su estrategia de gestión implica un desafío de orden empresarial encaminado a maximizar los beneficios de las compañías que abren esas líneas de intervención.
Las acciones de Repsol en el marco de la RSC se dividen en dos, las ejercidas por la Fundación Repsol YPF Ecuador y las llevadas a cabo directamente por las empresas del grupo en sus diferentes modalidades.
El caso desarrollado en esta investigación tiene que ver con una de las líneas de RSC emprendida estrictamente por la transnacional extractiva española, y tiene su importancia en el hecho de enmarcar cuales son las prácticas de la compañía con las comunidades locales a las que afecta su intervención extractiva.
Política petrolera en áreas protegidas
En los setenta y ochenta, muchas áreas protegidas son reducidas por el Estado, demostrando que se priorizaba la colonización agraria y los intereses mineros y madereros a la preservación del ambiente. Paralelamente, las transnacionales petroleras asumen la relación directa con las comunidades locales, sustituyendo en la práctica la inexistencia de Estado. Un marco de contradicciones legales sumado a la ineficacia administrativa, ha posibilitado esta usurpación de roles.
Como indica Fontaine, “
en algunos casos, esta contradicción puede dar lugar a manipulaciones, como lo muestra el caso del Yasuní, donde la ampliación del parque nacional y del territorio huo se acompañó de un alivio de las obligaciones vinculadas con las actividades petroleras del Bloque 16”
[56].
Si bien es cierto que el Presidente Correa manifestó voluntad por regular dicha situación en algún momento de su mandato, la práctica manifiesta que no ha habido intervención política para el desarrollo de este cumplimiento o la que se ha desarrollado no ha sido adecuada. El mismo hecho de que el Presidente Correa justificase la no expulsión de la Repsol YPF del Ecuador en base a los servicios que dicha transnacional presta a las comunidades indígenas locales es suficientemente significativo de esta realidad.
Según la investigación publicada en la revista de ciencias sociales Íconos, en enero del 2005, “
la experiencia de campo nos ha mostrado que los aspectos más importantes de los impactos de la actividad petrolera se ubican a nivel de los procesos sociales”
[57].
Los Waorani
Históricamente, los Waorani han habitado la zona centro de la Amazonía ecuatoriana, concretamente un territorio de aproximadamente dos millones de hectáreas situado entre los ríos Napo y el Curaray
[58].
Su estructura social se articula en torno a clanes familiares compuestos de 30 a 40 personas, de tradición oral, su lengua es el Wao-Tededo (“lengua de la gente”). Una de sus características históricas fue ser un pueblo semi-nómada y guerrero, que se desplazaba en busca de cacería; aunque en la actualidad la mayoría de sus asentamientos tienen carácter permanente y en muchos casos están cercanos a carreteras y campamentos petroleros. Grandes conocedores de los dones de la naturaleza selvática, llegaron a dar 6 usos diferentes a cada planta del bosque que utilizaban
[59]; sin embargo, en la actualidad, su salud depende de los suministros de medicina que les hacen los servicios de las empresas petroleras.
Repsol YPF y su relación con los Waorani
En el caso de Repsol, para entender su RSC con los Waorani, es necesario tomar en cuenta varios elementos que tienen niveles distintos enmarcados en la construcción del discurso empresarial
versus la forma cultural Waorani, que a su vez, se da en el contexto del relacionamiento entre el capital transnacional y la tradición ancestral de la selva amazónica. Estos dos niveles se refieren a, por un lado el manejo del entorno ambiental, y por otro el relacionamiento con el medio social. Los Waorani dentro del Bloque 16 se componen de un total de 373 familias indígenas distribuidas en cinco comunidades de la siguiente forma: Dikaro 176 familias, Yarentaro 66 familias, Timpoka 33 familias, Guiyero 39 familias, Peneno 27 familias, y familias dispersas 32
[60].
Esta realidad hace que se generen dos elementos claves en disputa aunque con claro dominio y control de la petrolera: lo referido al contexto ambiental, donde tiene afectación el territorio Waorani; y el usufructo de los recursos disponibles en él. Para los Waorani, esta situación pone en peligro su caza y pesca, los recursos forestales de sus territorios y los recursos alimenticios que tradicionalmente les ha proporcionado el bosque, en una palabra: su sobrevivencia. Para Repsol YPF, lo que está en juego son sus utilidades, es decir, el beneficio del usufructo de un bien que para los Waorani no existe, el petróleo, pero que condiciona los recursos que para ellos si existen y son fundamentales para su existencia.
Mientras el petróleo se ha convertido en un recurso natural codiciado por las grandes empresas y los gobiernos más poderosos del planeta, como un producto indispensable para la existencia del mundo occidental cuyas demandas energéticas alcanzan niveles extremos; los Waorani, como consecuencia, ven en peligro su territorio ancestral, el cual incorpora buena parte de los perímetros internos del Bloque 16, donde la biodiversidad es sumamente
[61] frágil.
En este sentido, es importante destacar que aunque la explotación petrolera de Repsol YPF “a priori” cumple con los estándares de calidad ambiental anteriormente referenciados en esta investigación, esto no ha evitado los derrames de crudo en la selva amazónica, lo cual no sólo ha afectado el entorno ambiental del que dependen los Waorani, sino que también ha puesto en peligro a los clanes llamados en “aislamiento voluntario”
[62] (Tagaeri y Taromenane).
Para su trato con las comunidades ancestrales del Bloque 16 la Repsol YPF consolidó un equipo especializado en el tema. Lo llamó Departamento de Relaciones Comunitarias. Estas relaciones comunitarias desarrolladas por Repsol al interior del Bloque 16 y las áreas de influencia directa e indirecta de sus operaciones se sustentan sobre el denominado “
Acuerdo de Amistad, Respeto y Apoyo Mutuo”, suscrito entre Maxus Ecuador Ltda
[63] y el pueblo Waorani, representado por su organización matriz en 1993, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), en ese tiempo la recién fundada Organización de la Nacionalidad Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE).
La suscripción del “
Acuerdo de Amistad, Respeto y Apoyo Mutuo” generó una serie de efectos colaterales en la vida social colectiva del pueblo Waorani. El principal de estos, se pudo evidenciar a partir de la creación de la misma ONHAE, una organización conformada para negociar con la empresa petrolera
[64]. En este sentido, uno de los efectos iniciales de la RSC en el Bloque 16, incluso desde su mismo origen, significa afectaciones graves en la forma cultural tradicional de los Waorani
[65], tanto en la forma en que se relacionan con Repsol como en los mecanismos de toma de decisiones de la comunidad
[66], habiendo quedando fuera de ellos los “sabios” ancianos.
El
Acuerdo de Amistad, Respeto y Apoyo Mutuo se ejecutó durante 20 años y determinó dos acciones elementales, que debido a su impacto vale la pena analizarlos:
a) Se logró obtener una autorización del pueblo Waorani para que la operadora petrolera ingresara a parte de su territorio: “
El pueblo Waorani no se opone a la explotación de los hidrocarburos en su territorio, por lo tanto ya no se solicitará la moratoria de explotación y explotación y colaborarán estrechamente con la empresa petrolera”
[67]. Con anterioridad, en el acuerdo de legalización de territorios otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), a nombre del gobierno ecuatoriano se cedieron los derechos sobre el subsuelo y los recursos que allí se encuentren a la empresa petrolera condicionando a los Waorani a dejar el camino libre para llevar a cabo cualquier trabajo que se requiera para extraer ese recurso: “
los adjudicatarios (los Waorani),
no podrán impedir o dificultar los trabajos de exploración y/o explotación minera e hidrocarburífera que realice el Gobierno nacional y/o personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas”
[68].
b) El compromiso de la empresa petrolera de llevar a cabo un Programa de Desarrollo Comunitario, en ese momento denominado “
Plan de Desarrollo Socioeconómico Cultural Huaorani” que incluiría los siguientes componentes: educación, salud, dotación de infraestructura, apoyo al manejo del territorio Waorani, y control estricto de la colonización en territorio Waorani.Inicialmente la Maxus invirtió en la consolidación de este programa alrededor de USD 500.000. En la actualidad, Repsol YPF invierte anualmente unos USD 900.000. Con respecto a esto, es importante señalar que la construcción del presupuesto y el detalle de los montos presupuestados para cada acción se maneja a partir de una relación directa entre Repsol YPF y NAWE, sin que intervenga ninguna institución del Estado. Actualmente, la ejecución de este plan ha incrementado otras acciones pero mantiene la misma base bajo la cual se lo suscribió en tiempo de operación de Maxus. Para ejecutar el plan, Repsol contrata a la empresa estadounidense Entrixm
[69], con el fin de que administre las acciones correspondientes a este acuerdo estableciendo un equipo fijo de relacionamiento comunitario que se encarga exclusivamente de diseñar las acciones que estarán contempladas en el plan de desarrollo, y socializar dicho plan en las comunidades Waorani.
Líderes de la NAWE entrevistados por esta investigación manifiestan: “
En los convenios que hemos firmado con otras empresas, como con Repsol YPF, nos ha ido mal. Todo el dinero está manejado por compañías como Entrix, quienes están enriqueciéndose a sí mismos. Están usando nuestros fondos para dividirnos, generando y manteniendo un sistema de dependencia que pone en peligro la vida de los Wuaorani, además de realizar la planificación de las acciones de los acuerdos sin consultarnos”. Es evidente que el enfoque de Repsol privilegia un “desarrollo de la nacionalidad” desde una matriz empresarial vinculada exclusivamente a los intereses de extracción hidrocarburífera; esto se contrapone a lo advertido en sus reportes de RSC, en los cuales uno de los puntos de la Política de Repsol para la Gestión Comunitaria dice textualmente: “
Repsol YPF Ecuador S.A. respeta el derecho que tienen, las étnias, las comunidades y pueblos, a decidir sobre sus propias prioridades en materia de desarrollo social, económico y cultural”
[70]. De igual manera, esta realidad se contrapone al primer objetivo fijado para la gestión comunitaria por la misma empresa: “
Contribuir a mejorar los niveles de bienestar de las comunidades Waorani y otras comunidades y étnias, con respeto irrestricto al derecho a la autodeterminación que les asiste, conforme los compromisos y prioridades establecidos en los distintos acuerdos, convenios; así, en los planes anuales consensuados”. Sin embargo, una de las conductas derivadas de la desorientación social producida por esta intervención en sus formas de vida tradicionales se refleja en el alcoholismo
[71] existente en la comunidad.
Los puntos del convenio firmado entre la Maxus y extendido hasta la actualidad por ejecución de la Repsol YPF plantea apoyo en salud y educación; el primer tema debería ser trabajado en coordinación con la Dirección Estatal de Educación Intercultural y con los líderes de la NAWE encargados; en el caso de la salud, la implementación de acciones debería considerar la aplicación de una estrategia de mediación intercultural que respete los procedimientos tradicionales combinando con la medicina occidental y debe ser llevado a cabo en estrecha coordinación con la NAWE y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La dotación de infraestructura debería considerar las formas tradicionales de arquitectura y tener en cuenta las necesidades y funcionalidades respecto a lo que se construya. El manejo territorial (punto 5 del Plan) plantea el “
Control estricto de la colonización en territorio Waorani”, lo cual ha permitido a Repsol YPF actuar como un “virreinato” donde el ingreso al Bloque 16 es restringido y sólo se autoriza a los Waorani que viven en la zona; ignorando la existencia de un Estado que debería asumir esta función en coordinación directa con las comunidades Waorani allí residentes.
La RSC implica la recomposición de un porcentaje pequeño de los ingresos operativos de las empresas en inversión social dentro del país en el cual se efectúa la actividad mercantil y busca, sobre todo, un realce de la imagen corporativa. El caso de Repsol YPF en Ecuador es demostrativo del funcionamiento de la RSC en una empresa compuesta por capitales transnacionales y que manejan flujos importantes de recursos. Si se realiza una evaluación somera de los flujos invertidos en RSC por parte de Repsol YPF, se evidencia que el porcentaje de inversión en este sentido es mínimo
[72].
Por otro lado, los intereses de la Repsol por generar lazos permanentes de relación con las comunidades indígenas dentro del Bloque 16 son evidentes. En general, estas prácticas intentan asegurar la capacidad de incidir sobre colectivos humanos presentes en territorios de interés mundial debido a su riqueza biológica.
Sin embargo, el uso consciente del dinero por parte de los Waorani aún no ha sido completamente asimilado, y de hecho no tendría por qué serlo. Los Waorani son una cultura cuyos números corresponden a los dedos de los pies y de las manos
[73]. En este sentido, imaginemos la relevancia que tiene para los Waorani que la deforestación en el país produzca alrededor de 55 millones de toneladas de emisiones de CO2. Esto ilustra la fragilidad que significa incorporar mecanismos de compra venta de servicios ambientales como REDD, cuyo grado de abstracción y complejidad racional, rebasa las lógicas de una cultura que se articula en torno a la caza
[74], el clan y su entorno natural. Además de esto, otro elemento seriamente afectado en la tradición cultural Waorani es todo lo referente a la equidad social, dado que en la actualidad, y como consecuencia de la intervención de las petroleras, “
goza de más poder o prestigio quien tiene mayor acceso a bienes y objetos modernos, tiene mayor influencia para obtener recursos de las petroleras o habla español. El uso del dinero y el cambio en la concepción de poder los ha individualizado” [75].
Hay que sumar a lo anteriormente expuesto, que no existe un monitoreo de los flujos de cooperación provenientes de RSC en ninguno de los países del Sur. Tampoco existen regulaciones adecuadas de las acciones llevadas a cabo por las transnacionales extractivas en este marco, siendo los únicos datos disponibles, los que generan las mismas empresas. La Repsol YPF en el Ecuador, solamente presenta en su Informe Anual de RSC las actividades que realiza, careciendo de seguimiento detallado de los montos desembolsados según la actividad planificada.
Notas:
[1] El primer contrato de concesión en Ecuador fue firmado en 1878 con la empresa M.G. Mier, y en 1909 con la familia Medina Pérez, para la exploración y la explotación de la Costa. En 1919, Anglo Ecuadorian Oil Fields, filial de Shell descubrió un hallazgo en la península de Santa Elena, que explotó hasta dejarlo seco, aportando al Ecuador tan sólo el 1% de sus ganancias. (Datos extraídos del documento “
25 años de exportación del crudo oriente. Pasado y futuro del petróleo en el Ecuador”), Unidad de Relaciones Institucionales (URIP) de Petroecuador, Quito, 1997.
Fontaine, Guillaume.
El Precio del Petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica. FLACSO Ecuador, IFEA y Abya Yala. Quito, 2007. Pag. 99 y 100. “
En 1937, Royal Dutch/Shell tomó posesión de las concesiones de Leonard Exploracion Co., filial de Standard Oil of New Jersey, en 10 millones de hectáreas en la región amazónica, tras aprovecharse de una irregularidad en el contrato atribuido, y llevó a cabo las primeras obras de exploración. Standard Oil se reubicó en Perú, antes de volver a Ecuador bajo el nombre de Esso, para asociarse con Shell en 1948. Un año después, el consorcio se retiró de la región (…). Sin embargo, un nuevo acuerdo de concesión fue firmado con el consorcio Texaco-Gulf en 1964, que precedió al descubrimiento de los hallazgos de nororiente en 1967, que habían de inaugurar una primera ´riada hacia el oro negro´. De tal modo que, en 1970, unas 30 concesiones habían sido atribuidas, abarcando más de 10 millones de hectáreas en la región amazónica ecuatoriana”.
[2] En 1973, Venezuela era el principal productor de petróleo de América Latina, con un 60% de las reservas latinoamericanas y las dos terceras partes de la producción regional. Argentina y México tenían en aquel momento apenas el 10% de reservas probadas cada uno, con una producción del 10% y el 12,5% respectivamente. Ecuador, Colombia y Brasil poseían en torno al 4% de reservas probadas y su producción era del 6,5%, 3% y 3,5% respectivos sobre la producción regional. Por su parte, Perú, Bolivia y Chile gozaban de menos del 4% de reservas regionales, produciendo menos del 5% del crudo latinoamericano. Esta situación apenas se modificó hasta 1999.
[3] La adhesión de Ecuador a la OPEP fue fuertemente cuestionada por sectores de la clase política del país, los empresarios de la Costa, las empresas petroleras privadas e incluso una parte de la armada ecuatoriana. El ministro de Recursos Naturales, el Capitán Gustavo Jarrín Ampudia, planteó utilizar el petróleo como un arma a nivel internacional, a fin de modificar la cultura política nacional de dependencia que históricamente se había enraizado en el país. Acusado de tendencia pro-arabista, Jarrín generó hostilidad en los sectores militares ecuatorianos de corte pro-israelí, que presionaron para que Ecuador saliera de la OPEP. En 1974, corrió el rumor de que los EEUU suprimirían la ayuda militar al Ecuador si Jarrín se mantenía en su cargo. En octubre de ese mismo año, el Capitán Jarrín fue cesado por la presión de sus opositores.
[4] La CEPE fue creada el 23 de junio de 1972, cuando el Estado asume todas las actividades relacionadas con la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, absorbiendo, al mismo tiempo, a la empresa Anglo Ecuadorian Oilfields, que operaba una refinería en La Libertad, provincia de Santa Elena. Petroecuador, empresa estatal ecuatoriana, creada el 26 de septiembre de 1989, es la continuación de la CEPE.
[5] CEPE quedó con el 37,5% de participaciones del consorcio encabezado por Texaco.
[6] El ministro de Recursos Naturales, el Capitán Gustavo Jarrín Ampudia, impulsó una política nacionalista, siguiendo el modelo de los militares en Brasil, que habían creado en 1950 la empresa Petrobras.
[7] Fontaine, Guillaume.
El Precio del Petroleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica. FLACSO, IFEA y Abya Yala. Quito, 2007. Pag. 95. “
En el caso ecuatoriano, el choque petrolero de 1973 abrió una era de prosperidad que significó un aumento promedio del PIB del 9% al año en la década del setenta, con puntas del 25,3% en 1973 y del 9,2% en 1976. No obstante, este crecimiento disminuyó en la década del ochenta, al volver a caer un promedio del 2,1% al año y con oscilaciones entre -6%, en 1987, y 10% en 1988. Entre 1971 y 1980, los ingresos fiscales pasaron del 10,2 al 12,8% del PIB, mientras que los gastos públicos pasaban del 13,3% al 14,2% del PIB. (…) Esta evolución continuó en la siguiente década, pese a las primeras medidas de ajustes estructurales adoptadas en 1984. En efecto, entre 1981 y 1990, los ingresos fiscales aumentaron del 11,3 al 16,6& del PIB mientras que la participación de los gastos públicos en el PIB bajaba del 16,1 al 14,8%, lo que permitió al Estado volver a una situación de excedente presupuestario en 1989 y 1990 (1,8% del PIB)”.
[8] Edwards, Sebastian.
Crisis and Reform in Latin America. From Despair to Hope. Word Bank-Oxford Univertity Press. Washington D.C., 1995. Extracto:
Ecuador formó parte de la “tercera ola” de países que adoptaron planes de ajuste estructurales a principios de la década de los noventa, después de los “precoces” (Chile, Bolivia, México entre 1975 y 1985) y de la “segunda ola” (Costa Rica, Uruguay, Trinidad y Tobago, Jamaica en la segunda mitad de los 80).
[9] Se define bajo el término de
joint venture a los Contratos de Gestión Compartida.
[10] Una de las consecuencias de este tipo de políticas de liberalización en el sector petróleo, fue poner en relación directa a las empresas privadas y a las comunidades locales afectadas, desarrollándose una relación conflictiva entre intereses contrapuestos, discrepantes y antagónicos.
[11] Campodónico, Humberto.
El Ajuste petrolero, Políticas empresariales en América Latina de cara al 2000. Desco. Lima, 1996.
[12] Torres Rodríguez, Luís.
La Banca: De la Usura al Narcolavado. Pag. 7:
“(…), en abril de 1999, (el presidente Jamil Mahuad) decretó el congelamiento de depósitos en el sistema bancario, en diferentes proporciones para diferentes tipos de depósitos, excepto para cuentas inferiores a 500 dólares. Dichos depósitos congelados permanerieron a disposición de los bancos, decretándose además una extensión de plazo de los créditos concedidos por el sistema financiero por el mismo tiempo de un año adicional. Si bien los deudores de los bancos consiguieron la ampliación del plazo vigente, que garantizó un excesivo margen de intermediación a los bancos de alrededor del 40% (intereses a depositantes a tasas inferiores al 20% anual, mientras cobraron más del 60% a los usuarios del crédito. En el 2007 la situación fue peor: pagaron teóricamente el 4% y cobraron el 50% legalmente)”.
[13] La expresión “
nuevos movimientos sociales” pretende definir a los movimientos colectivos de carácter civil que surgieron en la década de los sesenta, fruto del agotamiento de los movimientos de liberación nacional y a los movimientos sociales “tradicionales” que se habían generado en el siglo XIX.
[14] El movimiento pan-indio latinoamericano reestructura tras la ´
Campaña 500 años´ un discurso universalista que defiende el derecho a la vida contra el desarrollo “etnocida” (desaparición de las culturas indígenas) y “genocida” (brutal deterioro ambiental consecuencia de una explotación insostenible de los recursos naturales y consiguiente afectación al conjunto de la Humanidad), lo cual se convierte, dentro del campo social, en un discurso movilizador que genera alianzas con el sector campesino y rural al mismo tiempo que con las ONGs ambientalistas.
[15] Fontaine, Guillaume.
Petropolítica. Una teoría de la gobernanza energética. FLACSO, Abya Yala e IEP. Quito, 2010. Pag. 199.
[16] Fontaine, Guillaume.
Petropolítica. Una teoría de la gobernanza energética. FLACSO, Abya Yala e IEP. Quito, 2010. Pag. 203.
[17] En la actualidad, Alberto Acosta forma parte del equipo académico de la FLACSO Ecuador y es uno de los más destacados defensores de la Iniciativa Yasuní ITT, manifestando de forma creciente sus diferencias con el Gobierno del Presidente Correa.
[18] El proyecto petrolero para el extremo oriental del Yasuní se llama ITT por los tres campos descubiertos: Ishpingo, Tamborococha y Tuputini. Sus reservas posibles alcanzan los 846 millones de barriles (aproximadamente un 20% de las reservas nacionales).
[19] Martínez, Esperanza.
Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito. Abya Yala y CEP. Quito, 2009. Pag. 15.
[20] El INH fue una entidad de Derecho Público española, creada el 28 de diciembre de 1981 y dependiente del Ministerio de Industria y Energía, con el objetivo de centralizar la gestión de la actividad pública en materia de hidrocarburos, labor hasta entonces desarrollada por el Instituto Nacional de Industria (INI). Su creación se dio en el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (transición española), como fruto de la segunda crisis del petróleo, reorganizando la industria pesada española, en ese momento aún con fuerte presencia estatal. En 1987, dentro del INH se creó el grupo Repsol, como consecuencia del fin del monopolio estatal sobre los hidrocarburos. Esto fue condición para el ingreso del Estado español a la entonces llamada Comunidad Económica Europea. El INH desaparece en junio de 1995, fruto de las políticas de neoliberales y de privatización que se aplican en el país.
[21] Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima (CAMPSA), fue una empresa española cuyo origen se remonta a 1927, consecuencia de la expropiación en España de las filiales de Stantard Oil y la Shell, a partir de la Ley del Monopolio de Petróleos de ese año. CAMPSA tuvo como función administrar la concesión del monopolio estatal de petróleos desde la época de la dictadura del General Primo de Rivera (autor de las expropiaciones de las filiales españolas de los dos grandes
trust petroleros que en aquella época controlaban el 80% del mercado mundial). Originalmente fue una empresa mixta con participación minoritaria del Estado (todo el capital era nacional aunque la participación pública no podía rebasar el 30%) y fue ya en 1977 cuando el Estado asumió el 50% del control accionarial.
[22] Petronor o Petróleos del Norte S.A. es una empresa petrolífera española, cuyo objeto social es el refino y comercialización de diferentes productos petrolíferos, así como de sus derivados, que se fundó en Bilbao en 1968 con la finalidad de hacer operativa una licencia para la construcción y explotación de una refinería otorgada por el gobierno de la época a un grupo de industriales vascos foralistas, en aquel momento cercanos al régimen franquista y que posteriormente se alinearon a los sectores de la burguesía vasca integrados en el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En la actualidad su refinería es la mayor del Estado español, con una capacidad de once millones de toneladas anuales de hidrocarburos. La empresa ha sido criticada en múltiples ocasiones por la contaminación generada, y su propiedad se divide entre Repsol YPF con cerca del 86% de su accionariado, quedando el 14% para el banco Bilbao Bizkaia Kutxa.
[23] OPV (Oferta Pública de Venta) es una operación que se realiza a través del mercado bursátil, mediante la cual un ofertante pone a la venta activos financieros de una compañía.
[24] Uno de los objetivos del gobierno de José María Aznar fue cumplir con los criterios de convergencia que permitieran al país la entrada en el Euro, en la Unión Económica y Monetaria (UEM), para lo cual se diseñó en marzo de 1992 el Programa de convergencia de España (1992-1996). En junio de 1994 se presentó una Actualización del Programa de convergencia que extendía su alcance temporal al período 1994-1997, y con posterioridad se determinó la elaboración por parte del gobierno español de un nuevo Programa de Convergencia 1997-2000 por el cual se renovaba “
el compromiso de España con el cumplimiento de los criterios para acceder a la tercera fase de la UEM, la disposición del Gobierno a tomar las medidas que fueran necesarias para evitar toda desviación de los objetivos planteados y su voluntad de cumplir con los criterios de disciplina fiscal, aún más rigurosos, que se aplicarán a partir de 1999 en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento acordado en Dublín en diciembre de 1996”. Entre las empresas de propiedad del Estado español, destacaban cinco que fueron definidas como las “joyas de la corona”: ENDESA, Tabacalera, Repsol, Telefónica y Argentaria. Su valor se estimó en ese momento en más de seis billones de pesetas. Aunque el proceso se consolidó en la era Aznar, el diseño e inicio de dicho proceso le correspondió al gobierno de Felipe González (PSOE).
[25] Tras una operación en la que intervino Juan Carlos I, Rey de España, y del entonces Presidente de la República de Argentina, Carlos S. Menem, Repsol adquiere mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) el 98,23% de las acciones de YPF S.A. (logrando alcanzar –y mantener– el 99,04% de las acciones tiempo más tarde). Con la adquisición de YPF en 1999, “a precio de ganga”, Repsol se convirtió rápidamente en uno de los conglomerados energético-financieros más rentables a nivel mundial. Extraído del
Informe Repsol Mayo 2006 elaborado por Elisa Carrió, Fabiana Ríos y Adrián Pérez (todos ellos en aquel momento diputados nacionales argentinos). Ver también
Los negocios de Juan Carlos I: treinta años a cuerpo de rey, investigación sobre los negocios ocultos del Rey de España elaborada por Decio Machado y publicada en el Periódico Diagonal (
www.diagonalperiodico.net) en noviembre del 2006.
[26] Elaborado por David Fernández López y Emiliano Rodríguez del Olmo. Análisis Financiero Repsol YPF, 2003.
[27] Repsol YPF opera uno de los tres bloques que ha logrado, el número 22, donde tiene una participación del 30 %, junto a Sonangol, que tiene un 50 % y Statoil, con un 20 %. En el bloque 35, Repsol participa en un 25 %, junto a Eni, que opera el bloque con un 30 %, y Sonangol, con un 50 %. Por último, en el bloque 37, Repsol YPF tiene un 20 %, junto a Conoco, que es el operador y tiene un 30 %, y Sonangol, otro 50 %.
[28] El Parque Natural Yasuní, tiene una extensión de 982.000 hectáreas ubicadas en las provincias amazónicas de Orellana y Pastaza. La idea existente en el ámbito internacional de que esta área es una zona de naturaleza pura que se ha conservado a pesar de la hidrocarburífera existente en su entorno es más que relativa. Dentro del Yasuní se encuentran el Bloque 16, que está en manos de un consorcio liderado por Repsol (España); el 14 y el 17, a cargo de Petrooriental (China), y el 15, que lo tiene Petroamazonas (estatal ecuatoriana) desde el 2006, luego de que salió del país la multinacional Occidental (EE.UU.). Todos estos campos se encuentran en plena fase de producción, dado que entre las tres extraen más de 150.000 barriles de crudo al día (datos del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables). Las operaciones en los bloques 14, 15 y 16, los más grandes en el Parque, empezaron hace más de 20 años. Los contratos con las petroleras que iniciaron la explotación de estos Bloques se firmaron entre 1985 y 1987, aunque posteriormente han sido reemplazadas por otras. Dentro del Parque Nacional Yasuní también se encuentra el Bloque 31, en manos de la estatal Petroamazonas, y aunque allí aún no ha empezado la fase de explotación, los campamentos e instalaciones están ya listos y amenazantes para proceder a tal efecto.
[29] Declaraciones realizadas por autoridades locales de Repsol YPF en entrevistas con el autor de esta investigación.
[30] La sociedad de calificación Bureau Veritas es considerada una de las grandes calificadoras a nivel mundial (pertenece al grupo de las diez selectas sociedades integrantes de la IACS). A pesar de ello, entre otras anomalías en su gestión, destaca su verificación del sistema de seguridad y prevención de la contaminación que realizó en el año 2001, en nombre del Estado de Bahamas, según la cual garantizaba que el barco petrolero
Prestige seguía todos los procedimientos de seguridad para prevenir la posibilidad de un accidente. Dicha certificación se concedió el 19 de junio de 2001, con vigencia hasta el 20 de junio de 2006. A dicho certificado le acompañaba, de acuerdo con lo dispuesto en el Código ISM, el documento de seguridad que figuraba en la documentación a bordo del
Prestige conforme al cual el buque observaba todas las prescripciones del Código que le eran aplicables, documento emitido por BV el 25 de marzo de 1998, con vigencia hasta el 26 de febrero de 2003. El 19 de noviembre de 2002, el
Prestige se hundió frente a las costas de Galicia (Estado español), ocasionando un vertido de
fueloil que provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de ese país.
[31] Duragas inició en el año de 1956, el proceso de industrialización y venta de GLP, promoviendo el uso del cilindro doméstico entre sus primeros clientes en Ecuador. Tras construir una primera planta en Guayaquil, Duragas continuó su desarrollo, implementando a través de los años nuevos centros de trabajo, en diferentes zonas del país, con la finalidad de incrementar su cuota de mercado en el Ecuador. El 24 de julio de 1998 Duragas pasa a formar parte del Grupo Repsol. Desde el año 1973 el Estado ecuatoriano puso en vigencia el subsidio al uso del gas doméstico, que sigue vigente en la actualidad.
[32] Duragas comercializó 372 kt de GLP durante el 2009 en Ecuador. El precio de venta del GLP envasado está fuertemente subvencionado por el Estado ecuatoriano. La comercialización se realiza mediante una red de distribuidores exclusivos.
[33]http://www.elpais.com/articulo/economia/Ecuador/rompe/contratos/Repsol/elpepueco/20081031elpepueco_15/Tes
[34] http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/acuerdo-transitorio-con-petrolera-repsol-ypf-frena-su-salida-de-ecuador-316547.html
[35] Esta intervención fue realizada en nombre del Rey de España por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y la entonces también Secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez (desde el 20 de octubre ejerce como titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, tras haber sido previamente ministra de Sanidad).
[36] http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/repsol-ypf-se-queda-en-ecuador-tras-acuerdo-con-gobierno-316489.html
[37] Se estableció que dicha deuda se cancelara en cinco años, con un primer desembolso de 89 millones de dólares dentro del mes de marzo de 2009 (mes de la firma del acuerdo) y alícuotas semestrales por 53 millones de dólares hasta su cancelación final. En su descargo, la petrolera española según su gerente Affronti, indicaba que en esa fecha ya había invertido unos 2.000 millones de dólares desde que comenzaron sus operaciones en el país, aparte de otros 1.500 millones en impuestos.
[38] El petróleo es la principal fuente de financiación del Estado ecuatoriano y es el primer producto de exportación del país andino, cuyos ingresos en el 2008 superaron los 11.000 millones de dólares. De los 500.000 barriles diarios de crudo que se producen en Ecuador, el 60% pertenece al Estado y el resto se reparten entre la decena de compañías extranjeras que operan en el país.
[39] Benítez, Galo F.
Ecuador: la lupa petrolera. Publicado en elecuatoriano.com, en diciembre 2010.
[40] Las ganancias medias del sector se ubican entre 15 y 25%, aunque se estima que las compañías petroleras en Ecuador han levantado porcentajes escandalosos de utilidades sobre el barril, alcanzando en algunos casos entre el 40 y el 50%.
[41] Acosta, Alberto.
La Maldición de la abundancia. Ed. Abya Yala, Quito, 2009. Pag. 63: “
Aún antes de tomar en cuenta las presiones de la actual crisis económica internacional, es preciso considerar en este punto que las reservas de crudo en Ecuador, de conformidad con la información disponible, comienzan a declinar. Lo que se ha extraído podría ser ya superior a lo disponible. Así, las reservas del país superan en poco los 4.000 millones de barriles. Los descubrimientos son cada vez menos frecuentes, más costosos y los nuevos campos encontrados son más pequeños. Además, los crudos hallados son cada vez más pesados. Hay que tener en cuenta que el Oriente ecuatoriano ha sido explorado por décadas, y que la mayor cantidad de petróleo que se extrae hoy fue encontrada hace más de 30 años”.
[42] Benítez N., Galo.
Horrores y errores de la política petrolera ecuatoriana.
http://www.voltairenet.org/article141717.html
[43] Algunas denuncias indican que enormes volúmenes de aguas contaminantes son reinyectados en una estructura llamada Tiyuyacu, considerada una de las más importantes reservas subterráneas de agua dulce del planeta.
[44] Tras un período exploratorio iniciado en 1967 en el norte de la Amazonía ecuatoriana, el consorcio Texaco-Gulf firmó un contrato de asociación con la entonces empresa pública CEPE para explotar un bloque de 500.000 hectáreas, cuyo epicentro era la base de Nueva Loja, conocida hoy con el nombre de Lago Agrio. En un año, este consorcio realizó una de las más espectaculares obras de infraestructura en América Latina, con la construcción del SOTE, de unos 500 km, que vincula Nueva Loja con la estación de refinación de Ibarra, cruzando los Andes.
[45] Occidental entregó a Petroecuador 1,8 millones de dólares; City Investing 15,7 millones de dólares y la Inter Oil entregó 20.600 barriles de crudo. Repsol no aceptó las observaciones de la Contraloría y si bien reconoció que había pagado una tarifa inferior a la que se establecía en el contrato, propuso que estaría dispuesta a pagar alrededor de 20 a 25 millones de dólares al Estado, oferta que no fue aceptada por el Estado.
[46] CIADI. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo adscrito al Banco Mundial. El CIADI se ha caracterizado históricamente por defender los intereses de las transnacionales en sus conflictos contra los Estados donde intervienen.
[47] En el caso del Ecuador al menos, el llamado Gobierno del Socialismo del Siglo XXI (o del Socialismo del Buen Vivir, como lo define la SENPLADES) más bien podría definirse ideológicamente como un gobierno de corte keynesiano, con tendencias a la modernización del Estado e implementación de infraestructuras y megaproyectos, basado en políticas desarrollistas y una estrategia de acumulación articulada entorno al neo-extractivismo.
[48] Gavaldá, Marc.
http://www.diagonalperiodico.net/En-seis-anos-Repsol-ha-provocado.html. Periódico Diagonal (enero 2011).
[49] Una ONG constituida en 1980 que tiene como misión facilitar la inclusión educativa y sociolaboral para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
[50] http://www.repsol.com/ec_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/8122010-repsol-premiada-por-apoyo-comunidad-e-integracion-personas-con-discapacidad.aspx
[51] Esta fundación que tomó el nombre del Monseñor Alejandro Labaka, quien fuera primer obispo del Coca, está conformado por misioneros capuchinos. Se fundó en 2003, tiene como objetivo de promover e impulsar la creación del Museo y Centro Cultural de la ciudad de Coca, provincia de Orellana; y difundir las culturas amazónicas a través de publicaciones, eventos culturales y exposiciones.
[52] http://www.repsol.com/ec_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/25012011-inauguracion-museo-etnografico.aspx
[53] http://www.repsol.com/ec_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/25012011-inauguracion-museo-etnografico.aspx
[54] http://www.fundacionrepsol.com/la-fundacion/energia-social
[55] en este sentido, Ecuador está considerado como uno de los países de renta media por los países donadores de cooperación proveniente del llamado
Primer Mundo.
[56] Fontaine, Guillaume.
El precio del petróleo. Conflcitos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica. FLACSO, IEFA y Abya Yala. Quito, 2007. Pag. 421.
[57] Bustamante, Teodoro y Jarrín, María Cristina.
Impactos sociales de la actividad petrolera en Ecuador: un análisis de los indicadores. Revista Íconos num.21. FLACSO. Enero, 2005.
[58] Dicho territorio incluye el actual Parque Nacional Yasuní.
[59] Almeida, Alexandra y Proaño, José
. Tigre, Aguila y Waorani, una sola selva, una sola lucha. Ed. Acción Ecológica. (Quito, 2008). Pag. 23: “
Tenían como promedio 4 usos distintos para cada planta del bosque que utilizaban, aunque para algunas especies, podían llegar a tener hasta 6 usos. En la sociedad tradicional cada persona llegaba a conocer alrededor de 150 especies de lianas, por lo menos 80 especies distintas de hongos y unas 120 plantas medicinales”.
[60] Informe Repsol sobre los Waorani en el Bloque 16 (año 2008).
[61] En territorio Waorani se concentran el 4% de las especies de aves existentes en la Amazonía; acoge al 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica y tiene más de 100.000 clases de insectos por hectárea.
[62] Tribus no contactadas.
[63] En la segunda ronda de licitaciones de 1985, el Consorcio lidera por Conoco Ecuador Ltd (EEUU) gana la licitación para exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque 16, el cual ocupa territorio ancestral Waorani. El Consorcio estaba compuesto por: Conoco Ltd (35%), Overseas Petroleum and Investment Corporation (20%), Maxus Ecuador Inc (15%), Nomeco Ecuador Oil Company (10%), Murphy Ecuador Oil Company Ltd (10%) y Canam Offshore Ltd (10%). Conoco vendió sus acciones a Maxus en 1991, quedando esta como operadora mayoritaria del bloque, recibiendo también los campos Tivacuno y Bogui-Capirón. En 1996 la petrolera argentina YPF compra las acciones de Maxus. En 1999, la empresa Repsol absorbe a YPF y queda como operadora del Bloque 16.
[64] Narváez, I.
Huaorani vs. Marxus. FESO (Quito, 1993). Pag. 270: “
la ONHAE fue impulsada por la necesidad de la empresa petrolera, en función de tener un interlocutor político, y tal como lo previó la transnacional le sirvió para aprobar el ´Plan de relacionamiento comunitario´ y para su aprobación y suscripción se desplazó a la comunidad Huaorani de Kiwado el 13 de agosto de 1993”.
[65] Según el informe realizado por el grupo Clínica Ambiental, publicado en enero de este año, “
cada familia Huaorani recibe entre 300 y 500 dólares al mes”. La mayor compensación a la población local que existe en el Ecuador. En este sentido, es necesario recordar que el primer encuentro con el dinero de los Waoranis se dio en la década de los cincuenta a través de “
los misioneros evangélicos que hicieron de enlace y cara amable para la retaguardia: la empresa Texaco, primera en operar en Ecuador una vez descubiertas las grandes reservas de hidrocarburos”.
http://periodismohumano.com/economia/el-dinero-de-repsol-con-el-que-un-pueblo-indigena-se-autodestruye.html
[66] Narváez, I.
Huaorani vs. Marxus. FESO (Quito, 1993). “
Si tradicionalmente los líderes comunitarios eran los ancianos y las decisiones las tomaba la comunidad en su conjunto, en la nueva modalidad organizativa impuesta en la ONHAE participan jóvenes que hablan español y con más propensión a las negociaciones dado su mayor entendimiento con las y los relacionadores empresariales. En esa época las decisiones ya no fueron adoptadas conforme a la tradición”.
[67] Extracto del
Acuerdo de Amistad, Respeto y Apoyo Mutuo (1993).
[68] Extracto del
Acuerdo de legalización de tierras para el Pueblo Waorani, (IERAC, 1990).
[69] Entrix. Empresa de origen estadounidense de consultoría ambiental especializada en el manejo de recursos hídricos, de riesgos ambientales, el manejo y la economía de recursos naturales y el cumplimiento de leyes y regulaciones ambientales, identificación de pasivos, relaciones comunitarias y asistencia legal en materia ambiental en casos de litigios.
http://www.entrix.com/about
[70] Reporte Repsol YPF sobre RSC (año 2008, pag. 70).
[71] “En el mercado de Pompeya, donde se reúnen diferentes tribus, ´es común ver Huaorani borrachos´, que luego cogen un autobús pagado por Repsol para regresar a sus comunidades. ´El alcoholismo ha sido provocado por el contacto y asistencialismo de las empresas petroleras´, sentencia el informe (de Clínica Ambiental), porque ´
sin ser inducidos directamente a su consumo, obtienen de la petrolera los medios económicos (…) y sobre todo el entorno agreste que les hace desearlo. Obtienen grandes pagos pero ya no controlan sus vidas construidas alrededor de objetos modernos y la avidez por consumir´.
http://periodismohumano.com/economia/el-dinero-de-repsol-con-el-que-un-pueblo-indigena-se-autodestruye.html
[72] Para el año 2008 el monto de la RSC de Repsol YPF (sin tomar en cuenta los flujos manejados por la Fundación Repsol) alcanzó los USD 667.490, mientras los ingresos operativos de Repsol ascienden a USD 385.300.000. El monto de RSC de Repsol YPF no alcanzó ni siquiera el 0.2% de los ingresos operativos de la transnacional.
[73] El inventario numérico de los Waorani llega apenas a los veinte.
[74] Bonilla, Natalia. Impactos Sociales en el pueblo Waorani debidos a la explotación petrolera de Repsol YPF. Documento no publicado (Octubre, 2002). “
Dentro del Bloque 16 se encuentran dos estaciones científicas pertenecientes a dos Universidades privadas del país. La comunidad de Guiyero está cercana a la estación científica donada por Maxus a la Universidad Católica del Ecuador. La estación mantiene un convenio con la gente de Guiyero, en donde se compromete a pagar una cantidad de dinero mensual a los Waorani a cambio de que éstos se abstengan de cazar monos porque pueden interrumpir los estudios científicos sobre la fauna llevada a cabo por investigadores de esta estación”.
[75] http://periodismohumano.com/economia/el-dinero-de-repsol-con-el-que-un-pueblo-indigena-se-autodestruye.html
Fuente: http://vamosacambiarelmundo.org/2011/02/repsol-y-sus-irresponsabilidades-en-ecuador/
